DECLARACIÓN DE LOS CONSEJOS FEDERALES DE PROCURADORES, FISCALES, DEFENSORES Y ASESORES GENERALES Y DE POLÍTICA CRIMINAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
En el marco de las “XXXI Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos” que se realizan en la ciudad de San Miguel de Tucumán entre los días 26 y 28 de septiembre del 2018, los Consejos Federales de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales y de Política Criminal de la República Argentina formulan la siguiente declaración:
La crisis que actualmente atraviesa nuestro país lleva ínsita la de la justicia que debe abordarse dejando de lado la indefinición de aspectos capitales como la implementación del sistema procesal penal acusatorio en el ámbito de la justicia federal y en aquellas provincias que aún no lo han adoptado.
Que resulta asimismo prioritario para otorgar mayor calidad e independencia a la Justicia Penal adoptar medidas urgentes para la conformación de organismos policiales en el ámbito de los Ministerios Públicos, siendo en esta materia un punto de partida de trascendencia la continuidad del desarrollo de los Laboratorios Regionales de Investigación Forense financiado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Que en relación al Programa de Laboratorios debe ponerse de manifiesto que su mantenimiento demanda un constante apoyo del Estado Nacional que sostenga la aplicación tecnológica que se lleva a cabo en esos centros y ayude a superar circunstancias que comprometan la continuidad del servicio.
Ni le renovación del complejo instrumental de los laboratorios ni la adquisición de los insumos serán en lo sucesivo viables si no se adoptan con urgencia los recaudos necesarios para actualizar los montos destinados a este programa.
Que la investigación penal frente a la complejidad que adquiere el delito en las sociedades modernas demanda que se termine con la improvisación de los investigadores para acceder a una herramienta fundamental como son las escuchas telefónicas, aspecto este que al día de la fecha es gestionado de manera ineficiente y concentrada por el Poder Judicial de la Nación. Exhortamos por tanto al poder político para que en las instancias respectivas adopte las medidas necesarias para que estas metodologías de investigación se encuentren en lo sucesivo disponibles en el ámbito de la Justicia Provincial, tomando especialmente en cuenta que el sistema acusatorio concentra los recursos de investigación dentro del Ministerio Público.
Respecto a la violencia de género, habiéndose avanzado conjuntamente con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en la provisión de fondos destinados a la capacitación, los Consejos renuevan su compromiso de mejoramiento de intervención que han asumido para la eliminación de la violencia contra la mujer dando cumplimiento a mandatos provenientes de los tratados internacionales, a tal fin han puesto en marcha un programa de formación de operadores de los Ministerios Públicos que se desarrollará en España y que tiene por objeto la generalización de sistemas de intervención sobre violentos que ya resultan exitosamente aplicados en Europa.
Reiteramos que los procesos de designación de fiscales, defensores y asesores, deben orientarse a nuevos métodos de mayor calidad en cuanto a la detección de los perfiles de los integrantes de los Ministerios Públicos, para lo cual es imprescindible que los organismos de selección se encuentren integrados tanto por las máximas jerarquías como por los miembros de los niveles básicos de nuestras instituciones.
Vinculado con este aspecto, anunciamos que se ha iniciado en la Universidad Nacional de Salta la carrera de Especialización en Fiscalía Penal Acusatoria que cuenta a partir del mes de agosto ppdo. con ochenta cursantes de distintas provincias y del ámbito de la justicia federal, lo cual implica el comienzo de una nueva experiencia relativa a la formación de los integrantes de los Ministerios Públicos promovida por los Consejos.
Insistimos en el reclamo para una pronta sanción de una reforma penal integral en el ámbito del Congreso de la Nación, que tome como base los trabajos de la comisión encargada de la formulación del anteproyecto de Código Penal.
Que los Consejos siguen con atención la situación institucional planteada en el Ministerio Público de la Provincia de Jujuy y han activado los mecanismos institucionales que prevén sus disposiciones estatutarias.
Mario BONGIANINO
Presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina
Pablo LÓPEZ VIÑALS
Presidente del Consejo Federal de Política Criminal