El fiscal general de la provincia, Javier Vallejos, junto al ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Miguel Zárate, firmaron un convenio de cooperación con el titular del Ministerio de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, con el objetivo de integrar y unificar la estadística criminal de nuestra provincia.
Cabe destacar que la ley nacional 25.266 de Estadísticas Criminológicas, hace referencia a la obligación de los organismos judiciales con competencia penal y las fuerzas de seguridad de remitir a la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación todos los datos que esta dependencia solicite, a fines de que el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) confeccione de manera anual, una estadística federal sobre la criminalidad y funcionamiento de la justicia en el país.
En este sentido, el SNIC solo registraba los hechos criminales de nuestra provincia que eran reportados por la policía; pero a partir de este convenio tanto el Ministerio Público Fiscal como el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos; se sumarán como fuentes de información para el SNIC. El convenio tuvo lugar hoy en la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación, ubicado en calle Gelly y Obes 2289 de CABA.
Es importante señalar que el Sistema Nacional de Información Estadística Criminal (SNIC) comprende el conjunto de componentes relacionados y procedimientos organizados que recolectan, almacenan, procesan, analizan y publican información sobre hechos delictuosos registrados por las agencias policiales, las fuerzas de seguridad y otras entidades oficiales de recepción de denuncias en todo el territorio de la República Argentina. Sus objetivos son: generar información y transformar los datos criminales en información estadística, que sea pertinente, confiable, válida, adecuada y oportuna. Colaborar en la generación de dicha información en los diferentes niveles territoriales y jurisdiccionales: nacional, provincial o departamental. Colaborar en la generación, implementación, gestión y evaluación de políticas públicas basadas en evidencias en materia de seguridad