Así lo manifestó Roque Garay, quien también aseguró que su hijo se inscribió en la Escuela de Policía bajo los preceptos de la ley. Además, durante la audiencia, un médico confirmó que la noche del 5 de febrero de 2018, aproximadamente sesenta aspirantes (entre hombres y mujeres) a cadetes, estaban en el Centro Médico Policial con un cuadro clínico de deshidratación; por lo cual tuvo que tomar las medidas necesarias para atenderlos y mejorar su malestar físico.
En la última audiencia del juicio por la muerte del cadete Emanuel Garay, se vivieron momentos muy emotivos ya que declaró su padre Roque Garay. quien manifestó que su hijo Emanuel, antes de ingresar a la Escuela de Policía se realizó todos los estudios médicos junto el psicofísico, en este marco confirmó que habló con el comisario Gómez “para pedirle que lo dejen inscribirse”, aclarando que lo hizo porque había una orden interna de no recibir a los menores de 20 años, “pero la ley especifica que a partir de los 17 pueden ingresar a la Fuerza Policial”.
Cabe recordar, que en la audiencia anterior, el comisario René Molina declaró que por orden de su superior no inscribían a los aspirantes menores de 20 años, pero igualmente, la ley que regula la carrera policial seguía vigente; es decir, no se había modificado, por ello es que pese a decisiones internas en la Escuela de Policía, los aspirantes menores de 20 años sí podían solicitar la inscripción porque había una ley que los amparaba.
En este marco Roque Garay también comentó que su hijo era deportista, con un cuerpo atlético y que comenzó a preparase físicamente con seis meses de antelación para el ingreso de la carrera de Oficial de Policía.
Al finalizar su declaración, Garay afirmó que cuando su hijo falleció “hubo una reunión de los médicos; incluso con el director del hospital, Sebastián Parisi; la entonces ministra de salud, Judith Díaz Bazán y el director del Hospital Fernández de Buenos Aires, Dr. Ignacio José Prebigliano”.
“Él (Prebigliano) me dijo que al cuerpo de mi hijo debían realizarle una autopsia porque esto no fue un accidente, es un homicidio y ellos (los instructores) lo llevaron a esa situación”.
Luego, declaró el médico Luis Juan Carlos Pereyra como testigo de la defensa, comentando que en el año 2018 estaba a cargo de la Dirección de Emergencia de Salud Pública en la gestión de la ministras Judith Díaz Bazán, “el día 5 de febrero entre las 22 y 23 horas, recibí una llamada de la ministra que me pedía que fuera a la Escuela de Cadetes, yo entendí que había personal intoxicado, pero cuando llegué me encontré con 60 personas con un cuadro de deshidratación”.
En este sentido, el testigo afirmó que los pacientes estaban en el Centro Médico Policial y una doctora de apellido Fernández “me dijo que había personal afectado con deshidratación porque desde la mañana habían recibido instrucción de orden cerrado (ejercicios físicos para militares); y además me indicó que en el transcurso del día, varios aspirantes a cadentes habían sido hospitalizados por un estado de deshidratación”.
Durante su relato, el médico Pereyra dijo que cuando comenzó con el control y la evaluación física de cada uno los y las estudiantes, pudo llegar a un primer diagnóstico, asegurando que todos presentaban un cuadro de deshidratación y ante esta situación le solicitó a la ministras que enviara al Centro Policial, sesenta dosis de sal de rehidratación oral “para reponer los electrolitos que se necesitan en un cuadro de deshidratación, los cuales se enviaron a la mayor brevedad”.
Finalmente el testigo concluyó diciendo que “hubo dos o tres pacientes que pedí que los trasladaran a la guardia del hospital Vera Barros para una mejor atención, porque necesitaban internación”.
Cabe mencionar que esta fue la audiencia número 22 de este caso, cuyo Tribunal de Juicio estuvo conformado por la jueza Edith Agüero como presidente, y los jueces Fernando Romero y José Luis Magaquián, como vocales primero y segundo respectivamente; mientras que la Secretaría “A” estuvo a cargo de la Dra. Florencia Fernández Valdés. Como representantes del Ministerio Público Fiscal están los fiscales Julián de la Colina y José Oliveros Icazatti.
